La madrugada del 28 de junio de 1969, en Nueva York, el Stonewall Inn, un bar de clandestino ubicado en el 53 de Christopher St., en Greenwich Village, fue escenario de un evento trascendental en la historia de la comunidad LGTBIQ+. En esa época, las redadas policiales eran habituales en bares de este tipo, pero esta vez los clientes del Stonewall Inn se negaron a sufrir pasivamente la humillación de la policía, dando lugar a un levantamiento que duró dos noches y que sigue resonando en nuestros días. Los disturbios de Stonewall se consideran el punto de partida de la celebración del Orgullo y marcaron un hito en la lucha por los derechos de esta comunidad.
En ese momento, Estados Unidos tenía leyes como la Ley de Sodomía, criminalizando las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y castigándoles con penas de prisión. Además, existía la Ley de «No Molestar», que prohibía el contacto físico o muestras de cariño entre personas del mismo sexo y se utilizaba para perseguir a la comunidad LGTBIQ+. La discriminación laboral basada en la orientación sexual no tenía protección legal en la mayoría de los estados, lo que significaba que las personas LGTBIQ+ podían ser despedidas o rechazadas en el empleo debido a su orientación sexual. Además, la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, lo que llevó a muchas personas a someterse a terapias de conversión y tratamientos psiquiátricos para intentar cambiar su orientación.
En la crónica española, el colectivo LGTBIQ+ estaba amparado por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1954, sucesora de la Ley de Vagos y Maleantes. Esta ley tenía como objetivo perseguir y sancionar a personas consideradas «peligrosas» para la sociedad, pero en la práctica se utilizaba de manera abusiva para reprimir y controlar a aquellos considerados indeseables por el régimen franquista, incluyendo a homosexuales, prostitutas y vagabundos. Las autoridades tenían el poder de detener y encarcelar a las personas basándose únicamente en la sospecha de su «peligrosidad» social, sin necesidad de que se hubiera cometido un delito específico. Las penas podían incluir trabajos forzados, reclusión en instituciones de rehabilitación, pérdida de derechos civiles e incluso esterilización forzada en algunos casos.
A pesar del progreso alcanzado desde los disturbios de Stonewall, la comunidad LGTBIQ+ aún enfrenta violencia y discriminación en la actualidad. En España, se calcula que alrededor de 280.000 personas han sufrido agresiones por su orientación o identidad sexual en algún momento de los últimos cinco años. Así lo revela el informe “Estado LGTBI+ 2023”, presentado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTBI) y elaborado por la agencia de investigación 40dB a través de una encuesta .A partir de datos del CIS, se calcula que entre 3,3 millones y 3,8 millones de personas forman parte del colectivo en España. Según los resultados del estudio, extrapolando las respuestas de 800 personas, el 29% de ellas ha sufrido acoso durante el último lustro. El 27,5% ha sido discriminado, y el 8,6% ha sufrido agresiones y violencia física o sexual. “Hablamos de cerca de un millón de personas acosadas o discriminadas por su orientación sexual o identidad de género». Las asociaciones LGTBI denuncian que hay muchos más casos que no se denuncian o que no se registran como delitos de odio. También señalan que el discurso de la ultraderecha y el señalamiento hacia el colectivo están legitimando estos pensamientos en otras personas dispuestas a ejercer violencia. Además, son las mujeres y las personas trans quienes sufren con mayor frecuencia este tipo de violencias, y que los jóvenes y la población con menores recursos tienen más riesgo de enfrentarse a los incidentes de odio.
Desde el proyecto Redes con Corazón: #TePongounReto incorporamos la perspectiva de género, trabajamos para combatir el acoso escolar y creemos que la educación es un derecho humano fundamental y un factor clave para el desarrollo personal y social. El colectivo LGTBIQ+ es diana en demasiadas ocasiones de discriminación, acoso, violencia y exclusión en los entornos educativos, lo cual afecta negativamente su bienestar, rendimiento académico, salud mental y proyectos de vida. El incremento de estudiantes que no se identifican como heterosexual tiene repercusiones negativas, como agresiones verbales, físicas y en las redes sociales. Un porcentaje del 7% de los estudiantes LGTB ha sido objeto de insultos por su orientación o identidad, mientras que entre los estudiantes trans, este porcentaje asciende al 17%. Los estudiantes gays también han sufrido agresiones verbales en un 15%, seguidos de los estudiantes bisexuales con un 16%.En cuanto al acoso en línea, el 3% de la población LGTB ha sido víctima, siendo este porcentaje más alto entre los menores trans con un 14%.
Es importante destacar que la violencia, en todas sus formas, presenta un sesgo de género. Los estudiantes cisheterosexuales, es decir, aquellos que no son hombres trans, representan el 62% de los agresores. Además, los hombres son más frecuentemente blanco de ataques. Sin embargo, son las mujeres las más propensas a defender a sus compañeros ante ataques homotransfóbicos.
Este entorno a menudo inseguro ha llevado a que solo el 23% de los estudiantes LGB se hayan abierto sobre su orientación sexual. Un 21% de ellos considera que no lo haría debido a la percepción de un ambiente poco seguro en el aula o a posibles consecuencias negativas en sus relaciones con otros estudiantes o sus familias. En 2019, solo el 16% manifestaba esta postura. Este aumento del 5% puede sugerir que los estudiantes perciben un ambiente más hostil en la sociedad en general.
Por lo tanto, es crucial que los institutos y colegios implementen políticas educativas inclusivas que reconozcan, respeten y valoren la diversidad sexual y de género. Estas políticas deben promover la prevención y erradicación de la violencia y discriminación, sensibilizar a toda la comunidad educativa, fomentar el desarrollo integral de las personas LGTBIQ+ y crear espacios seguros de apoyo para el desarrollo de nuestros menores.
Crear políticas educativas de inclusión en los institutos y colegios es, sobre todo, un derecho recogido en la normativa educativa y de protección a la infancia (LOMLOE y LOPIVI) y, además, una necesidad urgente y una oportunidad para mejorar la calidad educativa y la cohesión social. Estas políticas no solo benefician al colectivo LGTBIQ+, sino a toda la sociedad, ya que promueven el pensamiento crítico, la comunicación intercultural, la ciudadanía global y la responsabilidad social. Además, se alinean con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Una de las estrategias más efectivas para frenar el acoso escolar y apoyar a las víctimas es la intervención de los iguales, también conocida como Bystander Intervention. El proyecto Upstander4Diversity ha elaborado unos materiales educativos para la construcción y aprendizaje de estrategias para posicionarse ante la violencia y convertirse en un defensor o upstander dirigidos especifícamente a la superación de la lgtbifobia en las aula.
Es hora de seguir avanzando hacia la igualdad plena y la celebración de la diversidad en todas sus formas.
Algunos recursos:
Inclusión efectiva de las personas LGBT | OHCHR
Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBi
Políticas educativas inclusivas y producción escolar – INFD
Inclusión en la universidad: comunidad LGBTIQ+ | Poliverso
Recursos de Autodefensa Online: La Red Autodefensa Online es un espacio integrado por activistas que trabajan por los derechos de las mujeres, lesbianas y trans en la esfera de las TIC, particularmente sobre las violencias de género. Este enlace recopila materiales para ayudar a hacer frente la violencia machista en línea y organizar estrategias de autodefensa.
